El Instituto Estatal Electoral (IEE) es una gran e importante parte de nuestra democracia en México, nos ayuda a elegir a nuestros funcionarios públicos, los que fungirán como representantes de la ciudadanía, dando equidad a los derechos político-electorales, los cuales son la condición inherente para el desarrollo de cualquier país y los derechos políticos de la mujer.
Entre sus funciones principales, está la de dar seguimiento y difusión al cumplimento de las disposiciones legales que los partidos políticos realizan a favor de la equidad de género durante los procesos electorales, además de ofrecer diferentes secciones relacionadas con la participación política de las mujeres en pro de favorecer la contienda electoral y la cultura democrática.
La ventaja de impulsos como estos a la mujer, es el hecho de que se genera la participación de la misma, así como la deliberación y debate en los asuntos públicos, quienes en trabajo ayudan a impulsar la perspectiva de género, ayudando a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Esto genera que las reformas legales y estructuradas, así como los avances e iniciativas dirigidas a la participación política de las mujeres, prevalecen y se desarrollan aún más, a nivel cultural y social, teniendo como obstáculo la desigualdad, la inequidad y la discriminación hacia las mujeres, como obstáculo a su incorporación al desarrollo y al ejercicio de su ciudadanía plena.
La actividad política de las mujeres, la cual está siendo presente desde hace ya algún tiempo, ha formado parte de episodios importantes de la historia nacional; se conformaron redes de trabajo con otras mujeres para dar solución a las demandas específicas; a través del movimiento sufragista, las mujeres rompieron la exclusión histórica y conquistaron formalmente la ciudadanía femenina, cosas como estas han sido posibles con ayuda de instituciones como el IEE.
La obtención de logros como estos, hacen de las mujeres mexicanas, personas con derechos y responsabilidades, las cuales son expresadas en la participación y el ámbito político, en el monitoreo y la vigilancia social. Para ello, se convierte en una necesidad la construcción de una nueva cultura política que articule lo privado, lo reproductivo y lo público, y crear las condiciones necesarias para garantizar que las mujeres accedan a su desarrollo social, económico y político.
Los derechos de las mujeres han sido considerados gracias a su constante lucha y demandas, a los cambios en la estructura social y la movilización de la sociedad civil y de las organizaciones de las mujeres.
Todo esto, en conjunto, forman parte de las demandas de la agenda nacional en la cual se han desarrollado acciones afirmativas, logrando que las mujeres mexicanas hayan logrado mayo poder público institucional y simbólico, no obstante, aún es frecuente la integración desigual, desde la exclusión o desde un esquema patriarcal de hacer política.
Por lo mismo, nos encontramos ante el desafío de ejercer la desigualdad conquistada, de tener un liderazgo para el conjunto de la sociedad y construir un nuevo discurso, una nueva forma para el ejercicio de la política y la gestión pública, por lo que necesitamos conjuntar instrumentos y mecanismos, así como bases jurídicas, planes y programas para la contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas, en su camino para el logro de una ciudadanía plena.
Esto genera que las reformas legales y estructuradas, así como los avances e iniciativas dirigidas a la participación política de las mujeres, prevalecen y se desarrollan aún más, a nivel cultural y social, teniendo como obstáculo la desigualdad, la inequidad y la discriminación hacia las mujeres, como obstáculo a su incorporación al desarrollo y al ejercicio de su ciudadanía plena.
La actividad política de las mujeres, la cual está siendo presente desde hace ya algún tiempo, ha formado parte de episodios importantes de la historia nacional; se conformaron redes de trabajo con otras mujeres para dar solución a las demandas específicas; a través del movimiento sufragista, las mujeres rompieron la exclusión histórica y conquistaron formalmente la ciudadanía femenina, cosas como estas han sido posibles con ayuda de instituciones como el IEE.
La obtención de logros como estos, hacen de las mujeres mexicanas, personas con derechos y responsabilidades, las cuales son expresadas en la participación y el ámbito político, en el monitoreo y la vigilancia social. Para ello, se convierte en una necesidad la construcción de una nueva cultura política que articule lo privado, lo reproductivo y lo público, y crear las condiciones necesarias para garantizar que las mujeres accedan a su desarrollo social, económico y político.
Los derechos de las mujeres han sido considerados gracias a su constante lucha y demandas, a los cambios en la estructura social y la movilización de la sociedad civil y de las organizaciones de las mujeres.
Todo esto, en conjunto, forman parte de las demandas de la agenda nacional en la cual se han desarrollado acciones afirmativas, logrando que las mujeres mexicanas hayan logrado mayo poder público institucional y simbólico, no obstante, aún es frecuente la integración desigual, desde la exclusión o desde un esquema patriarcal de hacer política.
Por lo mismo, nos encontramos ante el desafío de ejercer la desigualdad conquistada, de tener un liderazgo para el conjunto de la sociedad y construir un nuevo discurso, una nueva forma para el ejercicio de la política y la gestión pública, por lo que necesitamos conjuntar instrumentos y mecanismos, así como bases jurídicas, planes y programas para la contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas, en su camino para el logro de una ciudadanía plena.
